Durante las últimas dos o tres décadas hasta hoy se han producido cambios relevantes para el desarrollo de las políticas locales de juventud en Cataluña. La mayoría de municipios del territorio catalán se han incorporado a este sector de las políticas públicas consolidando este ámbito como un espacio fundamental de intervención, no solo para el desarrollo del colectivo, sino también por el bienestar de la ciudad en general. No obstante, el colectivo juvenil, que representa según los últimos datos el 15,5% de la población total, se ha posicionado como uno de los grupos de edad con alto riesgo de exclusión social, sobre todo desde el inicio de la última crisis económica.
Para resolver la problemática en Cataluña, y con la financiación de la Unión Europea, se decidió impulsar políticas laborales activas que tienen la intención de ayudar a la población inactiva de este colectivo –que representa un 44,4% del total poblacional– a encontrar trabajo o seguir formándose profesionalmente. Sin embargo, aunque se contaba con un presupuesto de 4.385 millones de euros, los últimos datos nos muestran que uno de cada cuatro jóvenes catalanes está actualmente en situación de desempleo –la mayoría sin ser beneficiarios de ningún tipo de prestación económica–. Asimismo, los ingresos del colectivo han sufrido una caída de 206 euros mensuales por persona, situándose en 872 euros según los últimos datos, y el riesgo de pobreza ha crecido 10 puntos porcentuales, llegando a más de un 25%. Además, la tasa de temporalidad y ocupación a tiempo parcial ha aumentado, produciéndose un decrecimiento en la calidad del empleo.
Por lo que se refiere a la educación, Cataluña cuenta con uno de los índices de paro universitario más elevados de la Unión Europea, aunque desde 2005 el gasto público por alumno en enseñanza universitaria pública se ha visto reajustado casi en un 30%. En el ámbito de la vivienda, los jóvenes también se encuentran con más dificultades: a causa de la subida de los precios de alquiler, la tasa de emancipación domiciliar se sitúa en casi los 24 años, aunque en gran parte de casos se haga imprescindible compartir vivienda.
Ante la evidencia de los datos, las Naciones Unidas considera fundamental que el colectivo juvenil sea incorporado en el diseño y la toma de decisiones de las futuras políticas públicas. En este sentido, los entes locales deben fomentar la promoción de la participación activa de este grupo, ya que no solo obtendrán resultados positivos en la difusión y promoción de las nuevas estrategias, sino que también mejorará la eficacia de las mismas: se contará con el potencial y la capacidad de este colectivo para dar solución a los diferentes retos sociales que hay que afrontar.
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