El Plan de Inclusión Social es el instrumento del que se dota la organización municipal para concretar y articular la política de inclusión social y la lucha contra la pobreza en el municipio. En el marco de la creación de un municipio inclusivo, y desde una estrategia global de ciudad, el Plan constituye, más allá de una herramienta de carácter operativo a partir de la cual promover la política de inclusión social, el marco substantivo que promueve el gobierno local para construir una plataforma compartida entre todos los actores del municipio donde establecer los compromisos para la inclusión y la cohesión social en el territorio. En este sentido, en la construcción de un municipio de inclusión, el Plan ofrece un espacio de trabajo sobre el que construir un consenso entorno al marco referencial común desde el que se abordará las actuaciones para promover la inclusión y la cohesión social en el municipio.

El apoyo técnico de COMA en la elaboración del Plan de acción del PLIS ha apostado por impulsar una estrategia local que oriente y coordine las acciones y políticas de inclusión de la ciudad, mediante procesos participativos y comunitarios, y a su vez, promueva medidas para la inclusión social, la calidad de vida de la ciudadanía y la igualdad territorial, desde un modelo de consenso y de trabajo en red del conjunto de los agentes socials de la ciudad.

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Para resolver la problemática en Cataluña, y con la financiación de la Unión Europea, se decidió impulsar políticas laborales activas que tienen la intención de ayudar a la población inactiva de este colectivo –que representa un 44,4% del total poblacional– a encontrar trabajo o seguir formándose profesionalmente. Sin embargo, aunque se contaba con un presupuesto de 4.385 millones de euros, los últimos datos nos muestran que uno de cada cuatro jóvenes catalanes está actualmente en situación de desempleo –la mayoría sin ser beneficiarios de ningún tipo de prestación económica–. Asimismo, los ingresos del colectivo han sufrido una caída de 206 euros mensuales por persona, situándose en 872 euros según los últimos datos, y el riesgo de pobreza ha crecido 10 puntos porcentuales, llegando a más de un 25%. Además, la tasa de temporalidad y ocupación a tiempo parcial ha aumentado, produciéndose un decrecimiento en la calidad del empleo.

Por lo que se refiere a la educación, Cataluña cuenta con uno de los índices de paro universitario más elevados de la Unión Europea, aunque desde 2005 el gasto público por alumno en enseñanza universitaria pública se ha visto reajustado casi en un 30%. En el ámbito de la vivienda, los jóvenes también se encuentran con más dificultades: a causa de la subida de los precios de alquiler, la tasa de emancipación domiciliar se sitúa en casi los 24 años, aunque en gran parte de casos se haga imprescindible compartir vivienda.

Ante la evidencia de los datos, las Naciones Unidas considera fundamental que el colectivo juvenil sea incorporado en el diseño y la toma de decisiones de las futuras políticas públicas. En este sentido, los entes locales deben fomentar la promoción de la participación activa de este grupo, ya que no solo obtendrán resultados positivos en la difusión y promoción de las nuevas estrategias, sino que también mejorará la eficacia de las mismas: se contará con el potencial y la capacidad de este colectivo para dar solución a los diferentes retos sociales que hay que afrontar.

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