Asimismo, las últimas políticas implementadas por el Estado han conllevado un debilitamiento notable de los recursos locales disponibles: los datos muestran que el gasto público en educación no ha dejado de decrecer desde 2009, situándose en una inversión del 4,16% respecto del PIB (“Gasto público en educación respecto al PIB”, Idescat). En Catalunya, en términos comparativos, se ha reajustado cinco veces más en materia educativa que la media europea. Y es evidente que, además de resultar impopulares, estas medidas son poco efectivas según la mayoría de expertos.

Si bien los datos anteriores indican que es necesario una mayor inversión en materia educativa si se quiere que nuestros jóvenes dispongan de las mismas oportunidades que las que poseen los estudiantes europeos, la realidad es bastante distinta: datos de la Fundació Bofill apuntan un recorte de 1.157 millones de euros en Catalunya entre 2009 y 2013. A pesar de este contexto de retroceso, los retos de las administraciones públicas y de los profesionales del mundo educativo no han dejado de crecer. Solo cabe constatar el aumento de 98.000 alumnos en los centros educativos no universitarios y de 2.700 en las universidades en estos mismos años. Sin duda, la brecha entre las necesidades educativas actuales y los recursos disponibles para satisfacerlas no ha hecho más que crecer.

A todo este contexto, cabe añadir los cambios en el nuevo contexto educativo producidos en los últimos años respecto a las características y necesidades del alumnado. Es evidente que el aumento registrado de familias no autóctonas en el país comporta un crecimiento de la riqueza cultural de todo el alumnado, pero también lo es el hecho de que todo ello no ha sido acompañado por un aumento de recursos disponibles. Por el contrario, se ha producido un decrecimiento de un 21% del presupuesto asignado a la inclusión social. Entre otros efectos poco deseables, se ha acentuado una distribución menos equitativa entre el alumnado. La Fundació Bofill considera que uno de los retos más importantes que tiene la administración pública es el de potenciar la equidad entre los diversos grupos sociales con el fin de evitar la concentración de recursos materiales y humanos en determinados centros educativos.

Más allá del contexto cambiante, se constata cómo muchas administraciones locales tienen la voluntad política de acompañar los proyectos de futuro de la ciudadanía que representan. Empero, para llegar a buen puerto en sus actuaciones, somos conscientes de que necesitarán comprender más y mejor las características y también las necesidades específicas de sus respectivas poblaciones. Desde COMA, consideramos que este solo es posible mediante la confección de una diagnosis exhaustiva que permita radiografiar la realidad social y, por consiguiente, ajustar una toma de decisiones más eficaz y efectiva, reduciendo los márgenes de error en la implementación de programas y proyectos en esta materia. Solo así se obtendrá la capacidad de evaluar con precisión y rigor en qué medida los esfuerzos públicos están resultando exitosos y ganan en rentabilidad social. Porque la educación es, sin lugar a dudas, uno de los ámbitos centrales y más relevantes para construir una sociedad más justa y cohesionada.

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Este proceso cuenta con la participación del conjunto de agentes que conforman la comunidad educativa y promueve la reflexión compartida des de un punt de vista pluridimensional para asentar unos fundamentos socioeducativos que guíen y marquen la actuación educativa de los niños y jóvenes de Girona a medio y largo plazo.

Los grandes ámbitos de análisis que se abordan y que devienen prioritarios a la hora de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación en la ciudad son, fundamentalment, aquellos que afectan a las garantías de igualdad de oportunidades en el acceso a la escolarización, la lucha contra la segregación escolar, las políticas de lucha contra el fracaso escolar y el abandono educativo prematuro, la potenciación de la formación a lo largo de la vida, el derecho a la formación más allá del horario lectivo, y el derecho a la atención a la diversidad educativa. Estos ámbitos no agotan en ningún caso la agenda de política educativa, pero sin embargo sí identifican las dimensiones sobre las cuales se hace necesario desplegar políticas que garanticen el derecho a la educación.

Con este proyecto en marcha, COMA acompaña a los poderes públicos, en colaboración con la comunidad educativa, a desplegar políticas que aseguren el interés de los individuos en su proceso de formación y desarrollo personal.

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